Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, sustentó este lunes recurso de apelación por la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla de restablecer los derechos a Silvia Gette Ponce para que asuma de nuevo la rectoría de esa alma mater.

Vargas Lamadrid inicialmente indicó que cuando asumió la rectoría en mayo de 2013 la Universidad “apenas cumplía el 64 % de los indicadores y la institución se encontraba en una crisis financiera, una infraestructura deteriorada, caída de ingresos. Esta situación no fue creada por mi administración, sino lo que recibí”.

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Señaló que antes que Silvia Gette dejara la rectoría había una “orgía de corrupción porque resultó enredada con grupos paramilitares y fue condenada por soborno de 500 millones de pesos a alias ‘Don Antonio’ para que no la vinculara en el crimen de Fernando Cepeda, en 2003”.

Además, que cuando ella era rectora tenía a un hermano como “director administrativo y a otro como contratista estrella de la Universidad”.

Todo esto para concluir que “todo este contexto lo omitió el juez de primera instancia”.  

Ante ello, explicó que “la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de control de garantías está viciada porque la misma no es una medida sino una sentencia encubierta” al señalar que el juez dijo que “la falsedad fue acreditada en el informe grafológico que fue ilegal y fraudulenta”, por lo que a juicio de Ramsés “esto es propio de una sentencia”.

Según Ramsés, el juez “anticipó el fallo judicial, afirmó irregularidades probadas, pero el proceso está en su génesis, nada está probado. El despacho transformó hipótesis en certezas”.

Explicó que “la figura del restablecimiento de derecho tiene un carácter cautelar para cesar los efectos del delito, no es una sentencia anticipada y no puede reemplazar los procesos en el administrativo”.

Dijo que el juez hizo referencia a un informe grafológico “que no existe, nunca se nos dio traslado en el proceso”, en donde supuestamente se habrían falsificado actas en la Universidad para que Ramsés Vargas Lamadrid asumiera la rectoría. 

“El juez asume su contenido, pero en el evento que existiera la Fiscalía lo hubiera imputado”, pero la falsedad fue ideológica y “confirmó información errónea, pero no que estuvieran manipuladas”.

Ante ello “solicito al juez de segunda instancia revocar la decisión de primera instancia mediante se restableció el derecho a Silvia Gette Ponce”.  

La imputación a Ramsés Vargas y al Consejo Directivo 

Hay que recordar que ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó en noviembre de 2025 por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.

Algunos de los imputados y quienes estuvieron presentes en ese entonces en la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos fueron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. 

También fue imputado en ese entonces el exrector Ramsés Vargas Lamadrid, quien no estuvo presente y lo declararon en contumacia. 

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses. 

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas a pesar de que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad. 

Según la Fiscalía, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio del ente acusador, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”.

De este proceso es que se desprende la restitución de derechos a la exrectora.